Por Arturo Ortíz, CEO del grupo CIPI Protección, empresa de capacitación en seguridad

La principal preocupación de los habitantes de Latinoamérica, por encima incluso de la pobreza y el desempleo, es la inseguridad y violencia. A través de estos fenómenos ven peligrar la integridad física de ellos y sus familias. A la par, son condiciones que pulverizan su patrimonio.

El ascenso de crímenes económicos y de alto impacto social es multifactorial. Sin embargo, juega un rol primordial un alto nivel de impunidad. Simplemente, en la desaparición de personas en México, por ejemplo, es del 99.1% según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Hay quienes atribuye el aumento delincuencial a la rápida y desordenada urbanización, los niveles de pobreza, la desigualdad, el desarrollo del crimen organizado y el acceso a las armas de fuego.

Asimismo, la criminalidad tiene impactos significativos en los costos directos de tipo médico legal, policial, penitenciario, correccional y de seguridad privada. A la par, los costos indirectos del crimen se ven reflejados en la pérdida de ganancias y vida, baja en el capital humano, productividad, menor inversión y costos psicológicos entre muchos otros.

Simplemente, la pérdida de productividad asociada a la violencia, en la región alcanza el 0.74% del Producto Interno Bruto (PIB) según distintos estudios.

La violencia presenta un trazo ascendente. El uso deliberado de la fuerza física o el poder para causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privación de la libertad es multifactorial. Presenta diversa naturaleza, motivación, ámbito y víctimas. Así, conocer tales factores es crucial para prevenirla.

Para combatir la violencia y delincuencia puede optarse por medidas represivas o un enfoque preventivo. En el primero se opta por el control del Estado y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública. La opción preventiva, en cambio, establece los límites de las instituciones de seguridad y el papel que puede y debe jugar la ciudadanía.

En general la represión es reactiva, resulta más onerosa y menos efectiva respecto a la prevención. Asimismo, el involucramiento de la ciudadanía implica el romper el paradigma de la seguridad pública para transitar al de seguridad ciudadana, donde se asume una corresponsabilidad social para minimizar la violencia y actos delictivos.

El enfoque preventivo, que implica mayor participación ciudadana, requiere capacitarnos para comprender la violencia familiar y juvenil, establecer un diagnóstico, diseñar estrategias, monitorear y evaluar y permitir que los participantes que se capacitan en estos temas puedan diseñar y presentar estrategias.

No se trata, en suma, de abandonar el rol de proactividad social y dejarlo todo a manos de un Estados represor, sino de involucrarse en soluciones de problemáticas comunes y aportar desde la capacitación y el conocimiento.

¿Cómo diseñarías tú un programa de seguridad en tu comunidad? Me encantaría escuchar tus opiniones sobre un tema tan importante para todos. Gracias por compartir tu opinión. Estaré atento a tus comentarios.