Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Quinto Elemento Lab y el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) revelaron que la empresa, Black Wallstreet Capital dedicada a la asesoría de inversiones que era regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene nexos con integrantes del crimen organizado trasnacional, especializado en el tráfico de drogas que tiene interconexión a cuatro países y dos continentes. En el caso de México, desde Veracruz, hacia España.

Debido a ello, las áreas de inteligencia del gabinete de seguridad del gobierno de México (Sedena, Marina, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mantienen una investigación contra la empresa Black Wallstreet Capital, cuyas instalaciones en la Ciudad de México fueron cateadas por policías de la capital del país, donde además de detener a los directivos, aseguraron 70 millones de pesos y dólares.

De acuerdo al informe de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, durante siete meses, se investigó la logística de una operación transnacional que saca a la luz los nexos en México de una organización dedicada al narcotráfico y el lavado de dinero.

Ante tal situación, autoridades de Colombia, España y Países Bajos, también se encuentran investigando por el trasiego de toneladas de cocaína y metanfetamina hacia Europa.

Un empresario cubano-mexicano es pieza central de esta investigación, identificado como, Juan Carlos Minero Alonso, socio principal y director de Black Wallstreet Capital (BWC), la financiera mexicana que se haría famosa tras un cateo efectuado el 15 de marzo del 2023 en la colonia Anzures en la Ciudad de México.

Para esta investigación se revisaron una veintena de amparos, más de 20 horas de audiencias judiciales, informes de inteligencia de cuatro países, una docena de actas constitutivas y bases de datos con registros de exportación, además de realizar entrevistas y decenas de solicitudes de información.

Los investigadores tuvieron acceso a una filtración de más de 13 millones de documentos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia.

Durante años, Juan Carlos Minero Alonso construyó su imagen como uno de los asesores financieros más reconocidos del sector. El joven banquero, como se autodenomina en su perfil de LinkedIn, impartía conferencias en universidades e incluso era consultado como fuente por periodistas de distintos medios.

Su empresa, Black Wallstreet Capital, comenzaba a tener mayor reconocimiento entre las firmas del país. Sus pronósticos financieros eran retomados por la Encuesta de Sentimiento de Mercado de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; además, desde el 2016 contaba con el permiso otorgado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar como asesora en inversiones.

Sin embargo, una escueta denuncia anónima sobre la entrada de paquetes “sospechosos” y la presencia de hombres armados en la sede de Black Wallstreet Capital, ubicada en Cuvier 104, colonia Anzures, sacudió la imagen pública de Minero y expuso las operaciones de la compañía.

El 15 de marzo a las 11:07 decenas de agentes de la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, cercaron el edificio de Black Wallstreet y, apoyados por una patrulla, ingresaron por la fuerza al inmueble con marquesina roja.

Durante el cateo, los agentes de la Fiscalía detuvieron a 5 personas, entre ellas al dueño de la financiera, Juan Carlos Minero Alonso, y decomisaron armas largas, supuesta droga y 168 mil dólares en efectivo.

Otro de los detenidos, Hernán Samper Richard, ocupa el cargo de comisario en la empresa Inmobiliaria Costarica Mexicana del Caribe, propiedad de Ana María González Quintero, una funcionaria de la Dirección General de Administración de Inversiones de la CNBV, encargada precisamente de vigilar y supervisar las operaciones de empresas como Black Wallstreet Capital.