La Comisión de Justicia aprobó reformas a leyes secundarias que regulan el proceso de elección de 896 jueces, magistrados y ministros, que se llevará a cabo el 1 de junio de 2025.

Las modificaciones a la Ley de Medios de Impugnación fueron aprobadas con 26 votos a favor de los legisladores de Morena, PT y PVEM, mientras que 10 congresistas del PRI, PAN y MC votaron en contra.

Por su parte, la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales recibió 30 votos a favor de las bancadas oficialistas y 10 en contra de la oposición.

El debate, que duró más de tres horas, inició con la solicitud del diputado Emilio Suárez (PRI) de suspender la sesión.

Argumentó que la convocatoria no fue publicada en la Gaceta y que no se había dado respuesta sobre la existencia de suspensiones provisionales o definitivas.

Oposición sustenta inconformidad

A esto, el diputado Leonel Godoy (Morena) respondió que las suspensiones sí existían, pero las calificó como “promovidas por el propio Poder Judicial”, acusando que forman parte de una estrategia para retrasar la reforma.

Paulina Rubio, diputada del PAN, adelantó el voto en contra de su bancada, señalando que la reforma violaba el artículo 105 constitucional, y criticó los tiempos cortos para la implementación de las modificaciones.

El diputado priista César Alejandro Domínguez también manifestó su desacuerdo, advirtiendo que las fallas en la reforma podrían comprometer la elección y la confianza en el sistema judicial.

Desde Movimiento Ciudadano, Juan Ignacio Zavala cuestionó el uso del sistema de insaculación propuesto para la selección de jueces y magistrados. En su intervención, criticó que este método no se aplicara en la selección de líderes partidistas o parlamentarios.

Por otro lado, legisladores del PT, como Reginaldo Sandoval y Ricardo Mejía, defendieron las reformas, señalando que estas cumplen con el mandato ciudadano de elegir a sus jueces y magistrados de forma directa, acusando al Poder Judicial de corrupción y nepotismo.

Las leyes aprobadas establecen un nuevo modelo de justicia en el que la ciudadanía participará directamente en la elección de ministros, magistrados y jueces.

Además, se otorga al Instituto Nacional Electoral (INE) la facultad de nombrar a sus funcionarios principales sin necesidad de la aprobación del Consejo General.

Se espera que el dictamen sea discutido en el pleno este lunes.