Buscan hasta 8 años de prisión por difusión no consensuada de videos sexuales

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La diputada María Guadalupe Morales Rubio, representante de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, presentó la iniciativa para castigar hasta con ocho años de prisión a quien difunda videos con contenido sexual sin consentimiento, ya sean reales o creados con Inteligencia Artificial (IA).

Durante la sesión de este jueves 23 de noviembre, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del partido guinda destacó la preocupación por el uso de la IA para crear imágenes o videos falsos mediante la superposición de rostros de personas reales en cuerpos de otras, o la generación de imágenes completamente ficticias.

“Estos medios manipulados pueden ser utilizados para producir contenido pornográfico falso, difamatorio o engañoso sin el consentimiento de las personas involucradas”, indicó la legisladora.

Subrayó que el mal uso de la IA puede ocasionar un daño irreparable a la reputación y la vida personal de los individuos afectados, con consecuencias emocionales, psicológicas y sociales devastadoras para las víctimas.

Morales lamentó casos recientes en el país, como el del Diego ‘N’, estudiante de Mercadotecnia Digital del IPN, quien poseía alrededor de 160 mil imágenes íntimas, entre videos y fotografías, reales y manipuladas de unas mil mujeres, en su mayoría compañeras del plantel universitario de Santo Tomás.

La congresista enfatizó la necesidad de encontrar un equilibrio entre el progreso tecnológico y la protección de los derechos fundamentales de las personas.

Con esta iniciativa, busca modificar el artículo 181 quintus del Código Penal para el Distrito Federal, extendiendo la penalización a la difusión no consensuada de videos manipulados con contenido sexual.

La propuesta fue remitida a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictamen.

Por otro lado, la diputada celebró que el Senado de la República hoy elevó el rango constitucional de la Ley 3 de 3, para impedir que agresores sexuales, deudores alimentarios o culpables por violencia de género, compitan por cargos en el gobierno o sean empleados del servicio publico.

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