EU abre la puerta a revisar extradición de Cabeza de Vaca por delincuencia organizada

  • Todd Blanche, Fiscal General en funciones, afirmó que las peticiones pendientes entre ambos países “deberían revisarse, claro”
  • El exgobernador de Tamaulipas permanece en Estados Unidos, mientras enfrenta procesos penales por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada

 

CIUDAD DE MÉXICO.— El Departamento de Justicia de Estados Unidos dejó abierta la posibilidad de revisar las solicitudes de extradición presentadas por el gobierno mexicano que permanecen sin respuesta, entre ellas la del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, requerido por la Fiscalía General de la República por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La posibilidad fue planteada por Todd Blanche, Fiscal General en funciones de Estados Unidos, durante una conversación con el periodista Jesús García, del diario estadounidense La Opinión, realizada en el marco de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en Washington.

Cuestionado sobre las razones por las que la administración del presidente Donald Trump no ha respondido diversas solicitudes de extradición formuladas por México, el funcionario respondió: “No tengo los detalles, pero deberían revisarse tales peticiones, claro”.

De acuerdo con el periodista, Blanche también destacó la coordinación que mantienen los gobiernos de Estados Unidos y México en materia de seguridad, al referirse a la relación entre el presidente Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, así como al trabajo conjunto con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Entre los expedientes pendientes figura el del exmandatario tamaulipeco, quien actualmente reside en territorio estadounidense mientras enfrenta diversos procesos penales promovidos por la Fiscalía General de la República.

El planteamiento del Departamento de Justicia ocurre en un contexto de mayor cooperación bilateral en el combate al crimen organizado, después de que México entregó a Estados Unidos a decenas de presuntos integrantes de organizaciones criminales y ambos gobiernos reforzaron los mecanismos de colaboración en materia de seguridad.

Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que el exgobernador cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense, además de residir en ese país.

“Tiene doble nacionalidad. Es ciudadano mexicano y ciudadano estadounidense, vive en Estados Unidos. México ha pedido su extradición… y no ha habido esa respuesta por parte del Gobierno de Estados Unidos”, declaró.

La mandataria añadió que, si García Cabeza de Vaca se encontrara en territorio nacional, tendría que comparecer ante las autoridades judiciales y sostuvo que el exgobernador es un “prófugo de la justicia”.

El pasado 24 de febrero, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó por unanimidad el amparo que impedía ejecutar la orden de aprehensión en su contra, con lo que dejó vigente el mandato judicial emitido por un juez federal.

Al resolver el asunto, la Corte estableció que, dentro del sistema penal acusatorio, la emisión de una orden de captura no exige prueba plena, sino la existencia de datos suficientes que permitan suponer razonablemente la comisión de un delito y la probable participación del imputado.

La investigación contra García Cabeza de Vaca tuvo su origen en denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República durante julio y noviembre de 2020, relacionadas con presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La acusación describe un supuesto esquema de triangulación de recursos vinculado con contratos de obra pública en Tamaulipas, movimientos financieros entre empresas y operaciones inmobiliarias, sustentado, entre otros elementos, en discrepancias patrimoniales, reportes de operaciones inusuales en Estados Unidos y un certificado bancario por siete millones de dólares a nombre de la madre del exgobernador.

De acuerdo con cifras oficiales, entre 2018 y 2026 el gobierno de México presentó 269 solicitudes de extradición a Estados Unidos, de las cuales 233 continúan pendientes de resolución.

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